La iniciativa, impulsada por Ricardo López Murphy y Oscar Agost Carreño, ya cuenta con dictamen de mayoría y será tratada en sesión especial. Su objetivo: dar seguridad jurídica a quienes decidan traer al circuito formal los dólares comprados en el mercado informal durante los años de cepo cambiario.

¿Qué propone el proyecto?

A diferencia del oficialismo, que fija montos estáticos, la oposición propone actualizar los montos en función del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), evitando así que la inflación distorsione lo que se considera delito tributario.

• Evasión simple: más de 345 SMVM (hoy unos $108 millones).

• Evasión agravada: más de 3.450 SMVM (alrededor de $1.081 millones).

• Uso de facturas falsas: desde 345 SMVM ($108 millones).

• Beneficios fiscales indebidos: desde 345 SMVM ($108 millones).

En comparación, el proyecto del Gobierno propone cifras fijas:

• Evasión simple: de $1,5 millones a $100 millones.

• Evasión agravada: $15 millones.

• Facturas falsas: $200 millones.

Por qué genera debate

Los tributaristas coinciden en que los montos fijos del oficialismo son problemáticos en un contexto inflacionario.

“Lo que es delito o no es delito no puede depender de la inflación; debe corregirse automáticamente”, señaló Martín Caranta, socio de Lisicki, Litvin & Abelovich.

Además, mientras la oposición busca una fórmula de actualización automática, el oficialismo plantea modificaciones más amplias en el Procedimiento Tributario y el Código Civil y Comercial.

Impacto esperado

De aprobarse, el proyecto de la oposición podría ser una señal fuerte para incentivar la repatriación de dólares guardados en efectivo y dar tranquilidad de que no habrá persecuciones judiciales futuras.

El oficialismo, en cambio, defiende su propuesta como un esquema más integral, pero que no resuelve el problema de la inflación en los montos del Régimen Penal Tributario.

En resumen:
El debate entre Gobierno y oposición gira en torno a cómo actualizar los montos que definen delitos tributarios. Lo que está en juego no solo es la técnica legislativa, sino la posibilidad de que miles de millones de dólares “del colchón” vuelvan al sistema financiero argentino.